DURA LEX SED LEX
Germán
Palomo García
Hace
dos décadas, el Dr. Mariano Ospina Hernández tituló su columna en el Diario La
República, de propiedad entonces de su familia, para referirse a la detención
de uno de sus hijos por tráfico de drogas: Dura es la Ley, pero es la Ley. Lo
ocurrido a los ingenios azucareros y a sus empresas por la sanción, con más de
300.000 millones de pesos por cartelización, una integración de productores o
comercializadores castigada por la Ley por impedir la libre competencia, en
este caso la importación de azúcar que modificaría su posición de mercado, me
llevó a utilizar el mismo titular. Es cierto que la sanción es elevadísima,
pero está dentro de los parámetros legales. No somos jueces ni voy abrogarme
ningún derecho para calificar la gestión de la Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC, pero sí destaco que, de comprobarse el ilícito, con base en las
pruebas utilizadas, los azucareros deben acatarla y pagar. Por supuesto que
tienen derecho “al pataleo” pero no como lo están haciendo. Queriendo
cuestionar el valor definido por la Ley y no por el Superintendente,
argumentando que se perderían “miles de empleos”. Es decir, ¿crear empleos justifica los medios
para ello? Lo mismo pensó Pablo Escobar cuando buscó apoyar al Padre García
Herreros (qepd) en sus programas de vivienda del Minuto de Dios y muchos otros
que son fanáticos del adagio “el que peca y reza, empata”. Apoyándose en el
asesor presidencial de no hace tres meses como su apoderado para atender el
caso quien, sin ningún problema pasa de la sala al comedor a través de la
puerta giratoria tan practicada por los juristas que, se supone, son los altos
intérpretes de la justicia. Seguramente, el exministro Martínez no tiene
impedimento alguno pero este caso no se definió en esta semana; fueron más de
tres años, según la prensa, los requeridos para ilustrar el caso y soportar la
decisión y con la gestión de varios superintendentes. También, poniendo a
expresidentes a cuestionar la decisión con argumentos similares. Ese es el
“derecho al pataleo” y será la Ley la que decidirá al respecto. Pero así como
se defienden, hay que defender la actitud del gobierno de aplicar las normas.
Tradicionalmente, se piensa que en este país todos, especialmente los
empresarios y potentados, hacen lo que quieren o lo que pueden comprar vía
corrupción. La SIC está demostrando otra cosa lo cual nos debe alentar para que
actuemos siempre como se debe. Si los empresarios del azúcar hoy, y los
arroceros y papeleros y pañaleros ayer, logran demostrar lo contrario,
estaremos tranquilos doblemente como colombianos. La Ley se acoge pero también
se vigila su cumplimiento.
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