CENTRALISMO ARROLLADOR

Lo aprobado en quinto debate sobre el proyecto de Acto Legislativo de reforma al actual régimen de regalías supera en mucho lo previsto en cuanto a la fundamental reforma a las regalías, como la califica el min hacienda, particularmente sobre la centralización de la destinación de las mismas por los entes territoriales. Los analistas estimamos que la reducción de las regalías directas en beneficio de las regiones no receptoras era la única intervención del gobierno central en contra de los entes territoriales ya que la reducción mencionada era sustancial (del 80% al 15%, a partir del 2013). Pero no. El artículo segundo del proyecto aprobado en quinto debate establece para los departamentos receptores, la obligación de que “en estos órganos (los colegiados que se crean) tendrán asiento cinco (5) ministros, el gobernador y un número representativo de alcaldes, el cual contará con un órgano de carácter consultivo con participación de la sociedad civil”. En cuanto a los municipios y/o Distritos, “este órgano estará compuesto por el gobernador, el alcalde y miembros de la sociedad civil”. Como caramelo, el proyecto establece que “en todo caso, la representación de las entidades territoriales en dichos órganos colegiados será mayoritaria”. En otras palabras, no solo en los dos fondos que se crean las decisiones las tomará el gobierno central, lo cual suena lógico por el carácter de los mecanismos de equidad regional y desarrollo regional que manejarán recursos para todas las regiones, sino que en las regalías directas, es decir, las que nos pertenecen como productores, el órgano colegiado con la presencia de cinco ministros decidirá la destinación de los recursos nuestros. Esto no se pensó que ocurriera pero así está sucediendo. Los gobernadores y alcaldes pierden su autonomía lo cual es la demostración cruda de que el centralismo arrasará y se impondrá sobre las regiones en un país de regiones, por lo menos así lo reza la Constitución Nacional. Sin embargo, parece que esto no preocupa a la sociedad civil de los entes afectados pues el tránsito del proyecto sigue su curso y las protestas iniciales ya no se escuchan; han sido acalladas o ya nos doblegamos ante la superioridad del centralismo con el paradójico argumento de evitar la corrupción, la misma que a nivel nacional engendró a los Nule como su representación más clara de su existencia. Pero nada decimos.

PADECIMIENTOS EN EL QUIMBO

He sido partidario del proyecto hidroeléctrico El Quimbo por muchas razones, la principal, por alentar la economía regional y generar valores agregados importantes en varios sectores del PIB departamental. Pero no puedo estar de acuerdo con el trato dado al personal que ya está trabajando y, particularmente, a los huilenses que han contado con la suerte de vincularse al proyecto. De buena fuente, me han comentado del maltrato de un ingeniero argentino que a “madrazo limpio” y con gran entonación se refiere a sus subalternos en cualquier escenario. En general, la generación de italianos que llegó al proyecto, así sea la misma empresa Impregilo que construyó Betania, es de más baja condición social que sus antecesores así sean igual o más expertos, lo cual no puede aceptarse pues no basta con ser buen profesional pero un mugre como persona.
Con relación a la vinculación de los opitas, me cuentan que se han vinculado personas de otras regiones a las que les pagan más que a los huilenses y, además, les reconocen otros gastos como alimentación y movilización, que no les reconocen a los huilenses y les pagan mucho menos. Esto en cargos no especializados o, por lo menos, en cargos en los que es posible encontrar huilenses capacitados para adelantar exitosamente estas responsabilidades. El caso de la jefe de personal es un ejemplo; Además de no ser oriunda del Huila se ha traído a toda sus relacionados desconociendo completamente las oportunidades que, suponíamos, el proyecto brindaría a los nuestros. Por supuesto que no estoy alentando un falso regionalismo sino abogando por lo que llamo opciones justas para los oriundos de los lugares donde se construyen proyectos con beneficio local y regional. Lamentable que esto ocurra pero más lamentable sería que las directivas les dieran la razón a quienes se han opuesto al proyecto desde distintos tópicos. En donde está la dirigencia local para exigir un mejor trato antes que aceptar las migajas que puedan provenir del proyecto. Las épocas de esclavitud y en las que la gente aceptaba todo agachando la cabeza ya se acabaron y la confianza inversionista no contempla la sumisión como condición para incentivar la inversión extranjera. Qué pena que en plena Semana Mayor me refiera a estos temas pero, a lo mejor es uno más de las reflexiones que los humanos debemos hacer, no importa su nacionalidad.

¿“REVOLUCIÓN” EDUCATIVA?

Definitivamente, el sector educativo es el más sensible de todos cuando de introducir reformas se trata. Y no es para menos. La educación es la transversalidad más importante en todo proceso de desarrollo. El reciente intento del gobierno Santos por reformar la educación superior trae, como todo, cosas buenas y cosas malas. Malo, en primer lugar, que el Estado no invierta lo suficiente en la educación en todos los niveles, no solo en el superior. En este, las universidades públicas reclaman 700.000 millones de pesos que el Estado no ha transferido y que ha originado un boquete de esa cuantía en los últimos 18 años. Hoy, la Nación solo se hace responsable del 55% de los presupuestos de las universidades públicas, 40 puntos porcentuales menos que en la década de los noventa, según El Tiempo del domingo pasado. Por supuesto que hay que recibir con beneficio de inventario la suma mencionada que no incluye calidad ni infraestructura que son dos asignaturas fundamentales en la educación superior. La respuesta del gobierno no puede ser que las transferencias han crecido 39% en los últimos 13 años porque son insuficientes. En este punto el gobierno actual tiene que ser puntual y responder y comprometerse decididamente, sin escudarse en la supuesta inversión privada. Una opción clara es la reforma a las regalías. Resulta que los entes territoriales no pueden invertir en las universidades públicas con cargo a las coberturas básicas (60% actualmente) sino del 30% restante, en donde no tienen margen de maniobra para transferir. ¿Por qué no se reforma el sistema en este aspecto y se incluye la educación superior como un sector elegible para aplicar regalías, sin reducir estas en las cuantías inicialmente previstas? Además, las universidades esperan que algo les toque del 10% para Ciencia y Tecnología que se crea con la reforma a las regalías. El otro punto, es la posibilidad de que lleguen recursos privados a las universidades públicas, sin que exista claridad sobre como llegarán. Un campo clarísimo en este aspecto es en la investigación. Por qué no, en el marco de la sociedad-Estado-Empresa, vincular capital privado a los laboratorios y centros de investigación que puedan utilizarse por todos, en lugar de que cada uno construya los suyos? Hay experiencias aquí en Colombia y en el exterior. En Brasil, conocí el CENPES, que es el centro de investigación de Petrobras, que está en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y tiene 300 doctorados trabajando. Claro, el gobierno es el mayor accionista de Petrobras, pero el ejemplo vale porque el centro está en los terrenos de la universidad. ¿Puede ser esto, privatización? Hay que analizar las cosas sin radicalismos.

LA MINERÍA DESPUES DE SANTURBÁN

La negativa a la explotación de oro en el páramo de Santurbán en Santander ha sido vista como un nuevo hito en la minería nacional en cuanto a los impactos ambientales que genera versus los beneficios que produce a la economía colombiana. He escuchado y leído infinidad de teorías de expertos y no expertos que se han expresado sobre el tema que me parece importante acudir a la sensatez en la definición del futuro de los diversos proyectos en una de las llamadas locomotoras en el plan de desarrollo Prosperidad para Todos; para el Huila este tema es igualmente sensible por lo que más adelante planteo. Me parece una decisión lógica que se protejan los páramos como nacederos de agua y que se exija a las compañías mineras el cumplimiento de todos los requisitos ambientales de toda actividad económica incluido el restablecimiento del entorno ambiental durante y con posterioridad a la actividad explotadora como un costo del proyecto y no como altruista responsabilidad social empresarial. Pero esto no debe implicar un no rotundo a las posibilidades de explotación minera en los casos en los que tecnológicamente ya estén resueltos los impactos ambientales negativos. Si así no fuere, ¿cómo se le ocurrió al Presidente Santos jugársela con una locomotora que sería, como lo mencionó Mauricio Gómez en un informe sobre el Cesar, una aplanadora y no una locomotora? Además, posiciones radicales en ambos sentidos pondrían en tela de juicio a la famosa bonanza minera o petrolera que ha motivado la reforma a las regalías.
Para el Huila la minería es una opción y una necesidad. El sector es el 20.5% del PIB departamental (cuando la minería participa con el 5,97% en el PIB nacional) al 2007, último dato disponible. Pero el 97% de la minería del Huila es hidrocarburos desconociéndose las otras alternativas como el oro mismo y los fosfatos, mármoles y dolomitas para citar unos pocos que tienen que explotarse racional y ambientalmente. Mientras esto ocurre, sigue presentándose explotación irracional sin ningún control y, como se dice, pescando en río revuelto… ¿A la informalidad quién la ronda? Prioricemos lo ambiental, el Huila Corazón Verde de nuestra visión de futuro pero metiendo a todos en cintura proactivamente.