CRISIS DE AUTORIDAD
Germán Palomo García
Los registros gráficos en los
distintos noticieros de televisión confirman, desafortunadamente, que la
ciudadanía no respeta a la autoridad, sean patrulleros, agentes de tránsito o
policiales de más alto rango. Ni qué decir de las señales de tránsito,
especialmente de motociclistas que nunca respetan un semáforo en rojo y tampoco
prenden las luces en las noches aumentando los riesgos tanto a peatones como a
ellos mismos; tampoco la vida de los congéneres que terminan violentados o sometidos a vejámenes cuando no
a ser asesinados. Hemos visto mujeres en estado de embriaguez lanzando
improperios a los representantes de la autoridad; a motociclistas que en lugar
de frenar aceleran para que el policía no lo pueda detener y, en no pocos
casos, llevándose por delante a quien se atreva a detenerlo, como pasó en
Bucaramanga recientemente; y la expresión “¿Usted no sabe quién soy yo”? ha
hecho carrera aupada por muchos representantes de la Ley que terminan ordenando
liberar a quienes actúan irrespetuosamente. Lo más grave es que estas actitudes
se presentan a nivel nacional: Unas veces la noticia viene de Cartagena,
Barranquilla y otras de Neiva y Bucaramanga e Ibagué. Otra escena que se ve con
frecuencia son las protestas masivas contra ciertas medidas o la aplicación de
la justicia por mano propia. ¿Por qué pasa esto? Claro está: La autoridad no se
ejerce. Se ha vuelto laxa y permisiva. Cuando esto ocurre, la comunidad percibe
que no hay autoridad y que puede hacer lo que quiera sin riesgo de sanción. En
las transmisiones de la Copa América, nuestros comentaristas resaltaban el
respeto que inspiran los carabineros en Chile, una institución que nunca se
atreven a desconocer porque saben que les saldrá caro a quienes lo pretendan.
Igual en los Estados Unidos, incluso en España y otros países en donde atentar
contra un policial genera cárcel o sanciones ejemplares. ¿Qué hacer? “A Dios
rogando y con el mazo dando”. Es común escuchar que la sociedad no tiene
cultura ciudadana, que lo público no se valora y tantas otras opiniones que
explican pero no justifican. ¡Cuántos recursos no se han destinado a programas
para la formación comunitaria! Pero ninguno ha estado orientado a sustituir la
autoridad que parece entender que mientras no se alcance esta educación no se
puede aplicar la Ley. Así, esperemos más ejemplos lamentables.