CRISIS DE AUTORIDAD

Germán Palomo García

Los registros gráficos en los distintos noticieros de televisión confirman, desafortunadamente, que la ciudadanía no respeta a la autoridad, sean patrulleros, agentes de tránsito o policiales de más alto rango. Ni qué decir de las señales de tránsito, especialmente de motociclistas que nunca respetan un semáforo en rojo y tampoco prenden las luces en las noches aumentando los riesgos tanto a peatones como a ellos mismos; tampoco la vida de los congéneres que terminan  violentados o sometidos a vejámenes cuando no a ser asesinados. Hemos visto mujeres en estado de embriaguez lanzando improperios a los representantes de la autoridad; a motociclistas que en lugar de frenar aceleran para que el policía no lo pueda detener y, en no pocos casos, llevándose por delante a quien se atreva a detenerlo, como pasó en Bucaramanga recientemente; y la expresión “¿Usted no sabe quién soy yo”? ha hecho carrera aupada por muchos representantes de la Ley que terminan ordenando liberar a quienes actúan irrespetuosamente. Lo más grave es que estas actitudes se presentan a nivel nacional: Unas veces la noticia viene de Cartagena, Barranquilla y otras de Neiva y Bucaramanga e Ibagué. Otra escena que se ve con frecuencia son las protestas masivas contra ciertas medidas o la aplicación de la justicia por mano propia. ¿Por qué pasa esto? Claro está: La autoridad no se ejerce. Se ha vuelto laxa y permisiva. Cuando esto ocurre, la comunidad percibe que no hay autoridad y que puede hacer lo que quiera sin riesgo de sanción. En las transmisiones de la Copa América, nuestros comentaristas resaltaban el respeto que inspiran los carabineros en Chile, una institución que nunca se atreven a desconocer porque saben que les saldrá caro a quienes lo pretendan. Igual en los Estados Unidos, incluso en España y otros países en donde atentar contra un policial genera cárcel o sanciones ejemplares. ¿Qué hacer? “A Dios rogando y con el mazo dando”. Es común escuchar que la sociedad no tiene cultura ciudadana, que lo público no se valora y tantas otras opiniones que explican pero no justifican. ¡Cuántos recursos no se han destinado a programas para la formación comunitaria! Pero ninguno ha estado orientado a sustituir la autoridad que parece entender que mientras no se alcance esta educación no se puede aplicar la Ley. Así, esperemos más ejemplos lamentables.