NUEVOS INTENTOS CENTRALISTAS
Germán
Palomo García
La
presentación al Congreso de la República del Plan de Desarrollo del segundo
tiempo del gobierno Santos ha tenido un comienzo atípico. La brecha fiscal que
se pretendía cubrir con la reforma tributaria recién aprobada para recaudar los
12.5 billones de pesos ya no lo será por la caída brutal de los precios del
Petróleo, lo que aceleró el cumplimiento de la orden de integrar una comisión de
expertos tributaristas que formulen una reforma tributaria estructural que, con
seguridad nos volverá a esquilmar sin que se logren los objetivos
estructuralistas, como tantas veces ha pasado. Esto ha hecho perder confianza
en el análisis de un Plan de Desarrollo desfinanciado y puesto en alerta no
solo a los congresistas sino a los analistas económicos para descubrir la
“letra menuda” contenida en el Plan pues indudablemente deberá recortarse. Una
de esas es la que se incluyó para igualar los impuestos a los licores
extranjeros con los nacionales dejando en alto riesgo de reducción de los
ingresos por la explotación de un arbitrio rentístico que, la verdad sea dicha,
ha tenido múltiples variaciones a lo largo de su existencia que, con raras
excepciones, es la misma de la existencia de los departamentos. El argumento
del gobierno es que es un mandato internacional que Colombia ha incumplido y no
se puede mantener esta situación so pena de retaliaciones de los países
productores de licores. El monopolio de los licores en cabeza de los
departamentos genera ingresos para salud y educación que se pondrían en peligro
por la menor capacidad competitiva frente a licores con mayor recordación de
marca. Hay un antecedente en las décadas de los setentas y ochentas. Colombianos
produjeron en Ecuador, aprovechando el Pacto Andino, un aguardiente que
ingresaba a los demás países sin impuestos en virtud de la decisión 57 de dicho
acuerdo. El aguardiente rápidamente se posicionó en el mercado nacional y abrió
un boquete preocupante. Por fortuna, el negocio no duró mucho tiempo por
dificultades propias del Acuerdo de Cartagena, siempre conflictivo.
Con
regalías recortadas, más estas amenazas de más reducción de los ingresos
territoriales, el gobierno nacional completaría su política centralista de
constreñir más a los entes territoriales
haciéndolos más dependientes de las transferencias nacionales. Ahora solo falta
que la reforma tributaria le dé la puntada final a las regiones para consolidar
un gobierno que se ha dedicado a reivindicar el centralismo como modelo
político administrativo. Lo permitiremos?
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