¿INGENUIDAD
O CONVENIENCIA?
Germán Palomo García
La declaración oficial
de que “la mermelada” no constituye una ilegalidad y más bien es una excelente
labor de los parlamentarios en favor de sus regiones, esconde lo que realmente
ocurre cuando el gobierno concede a los políticos el privilegio de aprovechar
los recursos públicos para mostrar gestión en favor de sus localidades. Uno de
los argumentos en favor de esta decisión es que no se trata de nada nuevo pues
siempre se ha hecho y resulta clave de la gestión parlamentaria. Hasta allí,
por supuesto, no hay nada delictuoso y es cierto que el invento no es nuevo.
Recuerdo que un domingo hace más de 30 años, en mi casa paterna mi hermana Nora,
que ofició muchos años como secretaria del entonces representante a la Cámara
Guillermo Plazas Alcid, desocupó un baúl de los recuerdos de todos los telegramas
que este enviaba a las comunidades anunciando la consecución de un auxilio o la
incorporación de una partida en el presupuesto de la Nación. Pero hasta allí
llegaba su intromisión. Nunca llegaba a definir, por ejemplo, el contratista
para adelantar las obras financiadas con los recursos públicos ni aprovechar el
producto de su injerencia como ocurre ahora y que dio nacimiento a los famosos
carruseles que pululan en componenda entre concejales y funcionarios y
contratistas corruptos. Luego, al asumir
la alcaldía de Neiva en 1987, encontré una simpática y paternal figura de
Fondos creados por los concejales de la ciudad con recursos del presupuesto
municipal denominados, la mayoría, con el nombre de sus padres como un paternal
homenaje pero abiertamente ilegales por cuanto terminaban sustituyendo las
partidas presupuestales oficiales mediante esta intermediación corrupta. Obvio,
no alimenté estos fondos e invité a los concejales a acompañarme a la entrega
de las obras y sin ninguna reserva reconocí la gestión del político sin perder
la facultad ordenadora de los recursos de la ciudad. Hoy, los beneficiarios de
“la mermelada” (no son todos sino los áulicos del gobierno) han convertido los
dineros públicos en capital de trabajo para sus “empresas”, muy rentables no
solo política sino económicamente y que van perpetuando la corruptela a niveles
que la ingenuidad de fiscales y gobernantes no perciben. Será cierto o mejor,
resulta conveniente no reconocerlo?
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