¿“REVOLUCIÓN” EDUCATIVA?

Definitivamente, el sector educativo es el más sensible de todos cuando de introducir reformas se trata. Y no es para menos. La educación es la transversalidad más importante en todo proceso de desarrollo. El reciente intento del gobierno Santos por reformar la educación superior trae, como todo, cosas buenas y cosas malas. Malo, en primer lugar, que el Estado no invierta lo suficiente en la educación en todos los niveles, no solo en el superior. En este, las universidades públicas reclaman 700.000 millones de pesos que el Estado no ha transferido y que ha originado un boquete de esa cuantía en los últimos 18 años. Hoy, la Nación solo se hace responsable del 55% de los presupuestos de las universidades públicas, 40 puntos porcentuales menos que en la década de los noventa, según El Tiempo del domingo pasado. Por supuesto que hay que recibir con beneficio de inventario la suma mencionada que no incluye calidad ni infraestructura que son dos asignaturas fundamentales en la educación superior. La respuesta del gobierno no puede ser que las transferencias han crecido 39% en los últimos 13 años porque son insuficientes. En este punto el gobierno actual tiene que ser puntual y responder y comprometerse decididamente, sin escudarse en la supuesta inversión privada. Una opción clara es la reforma a las regalías. Resulta que los entes territoriales no pueden invertir en las universidades públicas con cargo a las coberturas básicas (60% actualmente) sino del 30% restante, en donde no tienen margen de maniobra para transferir. ¿Por qué no se reforma el sistema en este aspecto y se incluye la educación superior como un sector elegible para aplicar regalías, sin reducir estas en las cuantías inicialmente previstas? Además, las universidades esperan que algo les toque del 10% para Ciencia y Tecnología que se crea con la reforma a las regalías. El otro punto, es la posibilidad de que lleguen recursos privados a las universidades públicas, sin que exista claridad sobre como llegarán. Un campo clarísimo en este aspecto es en la investigación. Por qué no, en el marco de la sociedad-Estado-Empresa, vincular capital privado a los laboratorios y centros de investigación que puedan utilizarse por todos, en lugar de que cada uno construya los suyos? Hay experiencias aquí en Colombia y en el exterior. En Brasil, conocí el CENPES, que es el centro de investigación de Petrobras, que está en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y tiene 300 doctorados trabajando. Claro, el gobierno es el mayor accionista de Petrobras, pero el ejemplo vale porque el centro está en los terrenos de la universidad. ¿Puede ser esto, privatización? Hay que analizar las cosas sin radicalismos.